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Nogales

Azota la extorsión a comercios familiares en México; pérdidas superan los 115 mil millones de pesos

La inseguridad y la extorsión continúan afectando gravemente a los negocios familiares en el país, registrando millonarias pérdidas económicas y un alto porcentaje de delitos sin denunciar.

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NOGALES, Sonora.— La inseguridad y los delitos patrimoniales continúan representando un obstáculo crítico para la viabilidad de los negocios familiares en territorio nacional, acumulando afectaciones económicas superiores a los 115 mil millones de pesos al cierre de 2025, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respaldadas por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).

Durante la presentación de estrategias para el sector comercial, se detalló que uno de cada cuatro establecimientos mercantiles fue blanco de la delincuencia durante el año pasado. Del total de ilícitos cometidos contra el sector formal, la extorsión acaparó el 26.2%, convirtiéndose en uno de los delitos de mayor impacto para las operaciones cotidianas, las inversiones y el empleo local.

La falta de mecanismos seguros para denunciar dificulta conocer la magnitud real del problema y atender las afectaciones directas que enfrentan diariamente comerciantes y pequeños empresarios.

91.8%de los delitos cometidos contra establecimientos comerciales no se denuncia ni deriva en una carpeta de investigación formal.

Octavio de la Torre de Stéffano, dirigente nacional del organismo empresarial, subrayó durante la firma de acuerdos sectoriales que la cifra negra en este delito sigue siendo alarmante, ya que la gran mayoría de los afectados opta por no acudir ante las instancias de procuración de justicia debido a la percepción de vulnerabilidad y la ausencia de esquemas de protección eficientes para las víctimas.

Ante este panorama, cámaras empresariales de distintas regiones del país, incluyendo la franja fronteriza de Sonora, han urgido a las autoridades de los tres niveles de gobierno a redoblar esfuerzos en materia de prevención, inteligencia financiera y fortalecimiento de protocolos de denuncia segura, con el propósito de frenar el impacto financiero que inhibe el crecimiento de la economía familiar.

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